Una Propuesta de adaptación del régimen de la prenda de valores de nuestro ordenamiento jurídico a las necesidades actuales del mercado financiero

Mi investigación evidencia que el régimen jurídico de la prenda de valores recogido en nuestro Código Civil (redactado en 1889) no fue pensado para su aplicación a los instrumentos financieros existentes actualmente en el mercado financiero. Asimismo, el régimen de ejecución de la prenda previsto en el Código de Comercio deja fuera de su ámbito de aplicación a muchos tipos de instrumentos financieros. Es cierto que el RD-L 5/2005 intentó modernizar y reducir los excesivos formalismos del procedimiento de prenda, sin embargo, no ha dado cobertura, desafortunadamente, a todas las necesidades existentes y ha seguido dejando ciertas lagunas como consecuencia de una redacción, a veces, confusa. También se analiza el procedimiento de ejecución del Código Civil de Cataluña algo más flexible que el del régimen común, pero también insuficiente y desactualizado. Aunque como es sabido el Derecho suele llevar cierto desfase con respecto a la realidad que regula, en el caso de la prenda de valores la desactualización es aún mayor por la enorme evolución y transformación que se ha producido en los mercados financieros y en la tipología de los instrumentos financieros en los últimos años.

Por todo ello, y ante la dificultad diaria de aplicar una normativa sobre la prenda, claramente desfasada e inidónea para los instrumentos financieros actuales, que no permite atender a las necesidades de los clientes (ej. sustitución rápida de los valores pignorados por otros más rentables o seguros) o a las preocupaciones de las entidades de crédito (seguridad jurídica, aportación adicional rápida de valores cuando la garantía es insuficiente por pérdida de valor en el mercado, sistema de ejecución ágil e idóneo a la naturaleza de los valores), decidí publicar este artículo, recogiendo todas las conclusiones de mi investigación y proponiendo en él para todos los problemas y carencias detectados, posibles soluciones y alternativas jurídicas para que estas no continúen generando inseguridad jurídica en el tráfico mercantil ni dificulten el acceso a la financiación a los ciudadanos