EL DERECHO DE PETICIÓN COMO GARANTÍA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAI

Introducción. El derecho de petición ocupa un lugar central dentro del ordenamiento jurídico panameño, debido a que constituye una vía formal mediante la cual la ciudadanía puede requerir respuesta de la administración y activar, en términos concretos, el acceso a la información pública. Objetivo. Analizar el derecho de petición como garantía del acceso a la información pública, a partir de su fundamento normativo e implicaciones dentro de la administración pública. Método. Investigación de modalidad documental, con diseño no experimental, tipo bibliográfico y nivel descriptivo. La unidad de estudio estuvo conformada por dieciocho documentos jurídicos y académicos, seleccionados entre 2022 y 2026, organizados en una matriz bibliográfica para examinar la situación actual del fenómeno, sus causas y sus consecuencias. Resultados. Los hallazgos permitieron identificar que Panamá cuenta con una base constitucional, legal e institucional para proteger el derecho de petición y el acceso a la información pública; no obstante, persisten debilidades relacionadas con la actualización normativa, la respuesta administrativa oportuna, la adaptación a entornos digitales, la uniformidad procedimental y la efectividad práctica de los mecanismos de garantía. Conclusiones/Recomendaciones. Se concluye que el derecho de petición sí constituye una garantía jurídica del acceso a la información pública, pero su efectividad continúa condicionada por vacíos normativos, limitaciones institucionales y deficiencias en la gestión administrativa. Se recomienda fortalecer la articulación entre Constitución, Ley 6 de 2002 y Ley 38 de 2000, modernizar los procedimientos de respuesta y consolidar una cultura institucional orientada a la transparencia, la legalidad y la tutela efectiva del administrado